En un enfrentamiento internacional que enfrenta a China con docenas de otros países, el intento de una empresa de extraer metales valiosos de los fondos marinos se ha topado con un obstáculo.
El viernes concluyeron tres semanas de tensas reuniones en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), una organización afiliada a las Naciones Unidas que regula la incipiente industria minera de los fondos marinos. El Consejo, órgano normativo de la AIS compuesto por 36 países, se reunió en la sede de la AIS en Kingston (Jamaica) para debatir si la organización empezaría a aceptar solicitudes de empresas mineras. Su conclusión fue «todavía no»: La mayoría de las delegaciones dijeron que no aprobarían ninguna solicitud hasta que la ISA pusiera en marcha una normativa minera. La sesión concluyó con un acuerdo para trabajar «con vistas» a adoptar dicha normativa en 2025, pero no se fijó un plazo vinculante.
Los últimos días de la cumbre se caracterizaron por el enfrentamiento entre China, partidaria de la explotación minera de los fondos marinos, y una creciente alianza de países que piden una moratoria o una pausa debido a la falta de conocimientos científicos sobre los ecosistemas de las profundidades oceánicas que se pretenden explotar.
Aunque se lleva trabajando en un marco legal para la minería desde 2016, las tensiones entre los 168 países miembros de la ISA (y la Unión Europea) comenzaron a aumentar en 2021. Fue entonces cuando Nauru, un país insular del Pacífico, dio el pistoletazo de salida a una polémica cuenta atrás al activar una norma que exigía la promulgación de una normativa en un plazo de dos años. La AIS incumplió ese plazo el 9 de julio de 2023, un día antes de la reunión del Consejo. Técnicamente, eso significa que debe empezar a aceptar solicitudes.
Nauru es el patrocinador estatal de la ISA de The Metals Company (TMC), la empresa registrada en Canadá más inmediatamente afectada por la irresolución de la cumbre de este mes.
Todas las empresas mineras deben estar patrocinadas por un Estado miembro de la ISA, que está obligado a garantizar su cumplimiento de la normativa y puede, a su vez, recaudar cánones y regalías. Nauru invocó la disposición de los dos años poco después de que los ejecutivos de TMC dijeran a los posibles inversores que esperaban empezar a extraer en 2024 minerales utilizados en las baterías de los vehículos eléctricos. Cuando TMC salió a bolsa en 2021, los registros de valores muestran que esperaba ganar 95.000 millones de dólares de una zona de su área de contrato de Nauru durante 23 años y estimó que pagaría el 7,6% de esos ingresos en regalías a Nauru y a la ISA.
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Nauru y TMC exageran
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 creó la ISA para regular la explotación de los fondos marinos en aguas internacionales y garantizar la protección efectiva del medio marino. El tratado declaraba que los fondos marinos eran «patrimonio común» de la humanidad, y que los cánones y demás beneficios de la explotación de los fondos marinos se repartirían entre los países miembros.
Desde entonces, la AIS ha concedido 31 licencias de exploración a contratistas mineros, dos de ellas a TMC, pero ninguna de esas empresas está autorizada a iniciar actividades mineras.
En la reunión del Consejo de este mes, algunos miembros argumentaron que invocar la norma de los dos años contraviene la misión de la AIS, obligándola a dar prioridad a los intereses financieros de Nauru -un país de 8.000 habitantes- y de una empresa privada. Las investigaciones de Bloomberg Green y otras organizaciones de noticias han revelado la influencia de TMC sobre Nauru, así como la cercanía entre la Secretaría, brazo administrativo de la ASI, y las empresas que regula la Autoridad.
«No debemos privilegiar los intereses económicos de unos pocos porque éste es el mundo con el que tendrán que convivir las generaciones futuras», declaró ante el Consejo la delegada de Costa Rica, Gina Guillén Grillo.
Nauru y China, por su parte, presionaron para que se fijara un plazo firme para adoptar la normativa. Durante las negociaciones a puerta cerrada del Consejo, el delegado de Nauru se acurrucó al margen con un ejecutivo del TMC, así como con el Secretario General de la AIS, Michael Lodge, que dirige la Secretaría, y la jefa de personal de la Secretaría, Marie Bourrel-McKinnon. También estuvo presente un antiguo funcionario jurídico de la Secretaría, Chris Brown, que ahora es asesor de Nauru y viajó a Kingston como parte de la delegación del país. (En junio, el jefe de la unidad de cumplimiento de la Secretaría se incorporó a una empresa noruega de minería de aguas profundas titular de contratos de exploración de la ISA).
China pone toda la carne en el asador
La cuestión de cómo proceder con las solicitudes de explotación minera de los fondos marinos en ausencia de salvaguardias medioambientales también agitó una reunión de la Asamblea de la AIS, que es el «órgano supremo» de la Autoridad. La Asamblea incluye a los 168 Estados miembros y se reunió durante una semana tras la conclusión de la sesión de dos semanas del Consejo.
Aunque la Asamblea es el árbitro final de la AIS, sus reuniones tienden a refrendar las decisiones del Consejo. La semana pasada, sin embargo, China puso en entredicho esa cortesía al negarse a permitir el debate sobre una propuesta de Chile, Francia, Palau y Vanuatu de prohibir la aprobación de cualquier licencia minera hasta que exista una normativa al respecto. China posee cinco contratos mineros, el mayor número de todos los países.
Otros países favorables a la minería, como Rusia y Japón, parecieron ver en la propuesta una forma encubierta de someter a debate una moratoria minera. Dado que el orden del día de la Asamblea debe aprobarse por consenso, China impidió que se adoptaran medidas sobre el presupuesto de la AIS y otros asuntos no relacionados hasta que se rechazara la propuesta de prohibición. «Este tema concreto no se puede debatir en esta sesión de la Asamblea», declaró el viernes el delegado chino, Wenting Zhao, tras cinco días de negociaciones estancadas. En los minutos finales de la sesión, China dijo que la propuesta podría incluirse en el orden del día provisional de la próxima conferencia de la Asamblea, en julio de 2024.
Pradeep Singh, investigador del Instituto de Investigación para la Sostenibilidad de Alemania que estudia la AIS y asistió a la reunión de este mes, afirma que China podría intentar jugar duro de nuevo el año que viene. «Pero está claro que los Estados están preocupados por la minería y quieren debatir si puede garantizarse la protección del medio ambiente», afirma. «Es posible que el año que viene China no esté en condiciones de hacer tanto ruido».
Una pausa de facto en la minería de aguas profundas
Después de tres semanas de debates abiertos y negociaciones a puerta cerrada, la AIS está sólo un poco más lejos de donde empezó. TMC y otros contratistas mineros son libres de solicitar licencias de explotación, pero es muy poco probable que el Consejo las apruebe a falta de una normativa. Es posible que el Consejo esté trabajando con vistas a terminar esa normativa en 2025, pero en la práctica los países miembros siguen muy distanciados en cuestiones críticas, como el establecimiento de un canon para la minería y el desarrollo de un mecanismo para repartir esos beneficios.
Mientras tanto, durante la reunión de la AIS, más Estados miembros se sumaron a la petición de una moratoria o pausa, entre ellos Brasil, Canadá, Irlanda, Finlandia y Portugal. Quack Pirihi, neozelandés de 21 años, fue uno de los que viajaron a Kingston con Greenpeace Internacional para defender la moratoria.
«Como indígena de Aotearoa quiero arrojar luz sobre el importante valor de mi conexión con las profundidades marinas», declaró el viernes ante la Asamblea. «Es imperativo reconocer su importancia, y por qué una prohibición de la minería de los fondos marinos es la única solución viable para salvaguardar nuestro océano colectivo».
En total, 20 naciones se han sumado a la petición de una moratoria o una pausa, mientras que Francia ha exigido la prohibición de la minería de aguas profundas. Singh señala que, dado que el Consejo debe adoptar las normas por consenso, una sola nación podría echar por tierra un acuerdo si se opone a normas que considera insuficientes para proteger las profundidades oceánicas. «Aunque a algunos Estados no les guste ponerle una etiqueta», dice, «ya hemos llegado a una pausa».
Noticia tomada de: Bloomberg / Traducción libre del inglés por World Energy Trade
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