El sector energético de México está experimentando una drástica transformación, anunciada en el 87 aniversario de la expropiación petrolera original de Lázaro Cárdenas. Estas nuevas «leyes secundarias» alterarán sustancialmente el camino marcado por las reformas energéticas de 2013 que abrieron el sector a la inversión privada y extranjera.
El gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto prometió que invitar a empresas privadas a la producción de petróleo, gas y electricidad modernizaría la infraestructura, reduciría los costes y aumentaría la eficiencia. Sin embargo, este enfoque de libre mercado chocó con la visión nacionalista de su sucesor, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que veía la participación extranjera como una amenaza a la soberanía de México.
Con la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, México está consolidando el legado de López Obrador con nuevas leyes secundarias que devuelven la energía a manos del Estado. Estas reformas fortalecen significativamente a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con lo que el gobierno espera remodelar la industria y desencadenar el crecimiento económico.
El cambio más significativo es el retorno del dominio estatal a la producción y distribución de energía. A Pemex, el gigante petrolero estatal, se le ha concedido un control más sustancial sobre las empresas conjuntas, lo que aparentemente facilita la asociación con empresas privadas al tiempo que mantiene el poder de decisión dentro del gobierno.
Los organismos reguladores independientes están siendo eliminados, y sus responsabilidades se trasladan a los ministerios del gobierno, lo que plantea preocupaciones sobre la supervisión y la posible interferencia política.
Mientras tanto, se ha reforzado el papel de la CFE en la generación de electricidad, con nuevas normas que garantizan que al menos el 54% de la electricidad de México debe proceder de la empresa estatal, independientemente de la competencia del mercado.
Y lo que es aún más polémico, la electricidad de los productores privados -incluidos los que utilizan energías renovables- pasa a un segundo plano, lo que significa que el gobierno da prioridad al suministro eléctrico de la CFE frente a alternativas más limpias y baratas. Estos cambios desmantelan el mercado energético competitivo creado en 2013, garantizando que el Estado lleve las riendas, sin importar el costo.
Un aspecto clave y polémico de las reformas es la eliminación de los reguladores independientes, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Estos organismos se crearon inicialmente para garantizar la competencia leal y la transparencia, actuando como guardianes que pudieran mantener a raya a los actores estatales y privados de la energía.
Ahora, los ministerios del gobierno absorberán sus responsabilidades, lo que, según advierten los críticos, podría aumentar la corrupción y la ineficacia. La administración afirma que esta medida reduce costes y agiliza la toma de decisiones, pero los escépticos temen que elimine la supervisión crítica y haga la política energética más vulnerable a la interferencia política.
Uno de los aspectos más intrigantes de estas reformas es su enfoque de las energías renovables. A diferencia de AMLO, que ignoró en gran medida las energías limpias en favor del petróleo y el gas, la presidenta Sheinbaum se presenta como ecologista y quiere que México amplíe su capacidad eólica, solar e hidroeléctrica.
Sin embargo, en virtud de estas nuevas leyes, la CFE -y no las empresas privadas- dirigirá esta transición. Aunque esto mantiene el control estatal, puede frenar la innovación y la inversión, ya que las empresas privadas de energías renovables se enfrentan ahora a una normativa incierta y a incentivos reducidos. México tiene un enorme potencial para la energía verde, pero sigue sin estar claro si estas políticas ayudarán o dificultarán su avance hacia un futuro sostenible.
La verdadera cuestión es si estas reformas beneficiarán a México a largo plazo. Por un lado, el gobierno argumenta que restaurar el control estatal protege los recursos de México de la explotación extranjera y garantiza que los beneficios beneficien a los ciudadanos mexicanos. Por otro, observadores externos señalan que eliminar la competencia y la transparencia podría generar ineficiencias, mayores costes y un suministro energético poco fiable.
Los inversores ya se muestran recelosos, y algunos reconsideran su presencia en México debido al impredecible entorno regulador. El éxito o el fracaso de este audaz cambio energético dependerá de la gestión que haga el Gobierno de las empresas estatales, la demanda de energía y la transición a las energías renovables. Una cosa está clara: el futuro energético de México ha dado un giro radical, y el mundo está observando.
