El regreso de los altos precios del cobre ha llegado en un buen momento para Chile. Junto con este repunte de los precios, algunos legisladores también consideran que los mineros en Chile podrían contribuir mucho más a la recuperación de la economía nacional.
Considerado durante mucho tiempo como el destino más estable para la inversión extranjera en América del Sur, el escenario político cada vez más tenso de Chile está aumentando los riesgos para la poderosa industria minera del país.
El Ministerio de Finanzas estima que con el aumento de los precios del cobre desde principios de año podría impulsar los ingresos públicos en alrededor de US$ 4 mil millones o un 5,6% en comparación con su estimación anterior, lo que le da al gobierno más margen de maniobra en sus esfuerzos por proteger a las familias y las empresas de los efectos de la nueva ola de infecciones por COVID-19.
Aproximadamente la mitad provendrá de la minera de cobre estatal Codelco, que reportó utilidades de US$ 1.600 millones durante los primeros tres meses del año, su mejor resultado trimestral en una década, y un aumento de 3.000% respecto al mismo período del año pasado.
Los impuestos pagados por las minas de propiedad privada, que representan alrededor del 70% de los 5,8 millones de toneladas de cobre que Chile produjo el año pasado, proporcionarán el resto.
Reforma constitucional para nueva regalía
El impuesto propuesto, que se aplicará sobre el valor nominal de los metales extraídos, afectaría a los mineros del cobre que producen más de 12.000 toneladas del metal al año y a los que extraen 50.000 toneladas al año de litio.
El 24 de marzo, diputados de la Cámara Baja de Chile dieron su respaldo general a una reforma constitucional que impondría una regalía fija del 3% sobre la producción de cobre y litio para financiar programas ambientales y sociales en comunidades cercanas a las operaciones mineras.
La ley propuesta, introducida por primera vez en 2018, originalmente pedía una regalía minera del 3% para las empresas que explotan y exploran cobre y litio.
Sin embargo, según una enmienda aprobada en la etapa del comité el 26 de abril, la regalía aumentaría de manera variable, a una tasa marginal del 15% cuando el precio del cobre supere los US$ 2,00 por libra; 35% por encima de US$ 2,50 por libra y 75% por encima de US$ 4,00 por libra.
Si se aprueba la reforma, las empresas mineras perderían más de una quinta parte de sus ingresos brutos solo por la regalía cuando los precios se encuentran en los niveles actuales.
No son solo los beneficios los que están en juego. El envejecimiento de la infraestructura, la caída de las leyes del mineral y el aumento de los costos laborales significan que las minas de cobre de Chile no son tan competitivas como lo eran al comienzo del último superciclo, advierte Gustavo Lagos, profesor de ingeniería de minas en la Universidad Católica de Santiago.
La advertencia de las grandes mineras en Chile
La principal minera del mundo, BHP dijo que una regalía propuesta sobre las ventas de cobre y litio corre el riesgo de hacer que los mineros internacionales desconfíen de invertir en nuevos proyectos o expandir las minas existentes para satisfacer la creciente demanda de ambos metales
Alrededor de catorce de las grandes minas de cobre del país tienen costos de producción superiores a US$ 2,50 la libra. Con una regalía, muchas podrían verse obligadas a cerrar cuando los precios vuelvan a caer.
“Muchas operaciones de baja ley se cerrarán, destruyendo puestos de trabajo”, dijo Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, en un comunicado.
Incluso antes de la modificación del proyecto de ley, la industria había indicado que probablemente sofocaría las inversiones y haría que Chile fuera menos competitivo.
Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami) y ex director general del gigante del cobre Codelco, ha defendido el sistema existente.
El impacto total del nuevo impuesto no se sentiría de inmediato. Según el Consejo Minero de Chile, la mayoría de las minas de propiedad privada están cubiertas por acuerdos de invariabilidad fiscal firmados con el Estado chileno.
La mayoría de ellos expirarán en los próximos años, pero algunas minas más nuevas, como la Quebrada Blanca 2 de Teck Resources, que aún está en construcción, están protegidas hasta principios de la próxima década.
La amenaza a nuevos proyectos
El impuesto no solo amenazaría las operaciones existentes, sino también la cartera de nuevas minas que Chile necesita desarrollar para evitar que la producción disminuya en las próximas décadas.
Muchos de estos ofrecen grados relativamente bajos y deben superar importantes desafíos ambientales antes de que puedan ponerse en funcionamiento. La necesidad de plantas desalinizadoras y sistemas de bombeo para suministrar agua aumentará los costos de capital y operativos.
Los líderes de la oposición, que son responsables del proyecto de ley, creen que las regalías sobre el cobre y el litio producidos por empresas como BHP y Albemarle financiarían proyectos de desarrollo regional, respondiendo al creciente impulso social y ambiental de los inversores y las cadenas de suministro.
Si el proyecto de ley de regalías pasa por el Senado, es probable que la administración de Piñera bloquee su aprobación a través de la Corte Constitucional dado que fue presentado por la oposición. Los legisladores de la coalición gobernante sentaron las bases para llevar el proyecto de ley a los tribunales al presentar una supuesta reserva constitucional.
Inestabilidad política
En el escenario político cada vez más tenso de Chile, pocos legisladores miran hacia el largo plazo y, en cambio, se centran en las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre, dice Gustavo Lagos.
Tras el colapso del apoyo al presidente Piñera tras los disturbios sociales a fines de 2019, la agenda legislativa ha estado cada vez más dominada por el Congreso liderado por la oposición, que ha desviado al gobierno con una serie de iniciativas que acapararon titulares diseñadas para ayudar a los chilenos a sobrevivir la pandemia.
Desde julio de 2020 se han aprobado tres reformas constitucionales que permiten a los trabajadores chilenos retirar el 10% de sus ahorros de pensiones. Esto ha llevado al retiro de un total de US$ 36 mil millones, que podrían llegar a $ 50 mil millones en las próximas semanas.
El retiro masivo de ahorros ha impulsado el consumo y la riqueza de los hogares, pero dejando a millones sin ahorros para su jubilación.
El presidente Piñera prometió este año tomar una postura más firme contra las medidas populistas desafiándolas por motivos constitucionales, según la Constitución, solo el ejecutivo puede proponer medidas de recaudación de impuestos.
Pero este as en la manga legal ha fallado. Los sindicatos han prometiendo una huelga general si se bloqueaba el tercer retiro de pensiones, la Corte Constitucional se negó el 28 de abril a escuchar la propuesta del presidente, lo que lo obligó a promulgar el proyecto de ley.
La inestabilidad política se produce justo cuando Chile inicia un proceso político clave: el debate sobre la nueva constitución. Del 15 al 16 de mayo, los chilenos acudirán a las urnas para elegir a los miembros de la convención constitucional de 150 miembros que debatirán los contenidos de la nueva carta constitutiva de la nueva.
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