Las elecciones de 2020 presentan a los votantes estadounidenses la posibilidad de elegir entre dos visiones que son radicalmente diferentes para el futuro de la energía.
Por un lado, el presidente Donald Trump rechaza la idea de utilizar la política del gobierno para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y habla de energía en términos de precios y empleos. Mientras que Joe Biden dice que crearía empleos a través de una «revolución de energía limpia» para poner a la nación en el camino hacia cero emisiones netas para 2050.
Trump ofrece la continuidad, con una mayor flexibilización de las regulaciones sobre las industrias del petróleo, el gas y el carbón. Biden ofrece un retorno a la estrategia de la administración Obama de utilizar la regulación para reducir las emisiones y medidas más ambiciosas si los demócratas obtienen el control del Congreso.
Los votantes indecisos son clave en las elecciones y los candidatos se han visto en la necesidad de atraer su atención, para ello ambos candidatos se han movido hacia un terreno central. Por ejemplo, Biden ha reiterado que no intentará prohibir la fracturación hidráulica, y Trump ofrece cerrar partes del este del Golfo de México y la costa atlántica para el desarrollo de petróleo y gas.
Sin embargo, los resultados de las elecciones tendrán profundas implicaciones. La mayoría de los cambios tardarán años en realizarse, pero con el tiempo los dos candidatos implican caminos muy diferentes para la energía en los EE. UU. y en todo el mundo.
Los analistas de Wood Mackenzie han estado publicando una serie de ideas sobre lo que podrían significar las elecciones para la industria energética y los mercados de materias primas. Estos son los hallazgos más importantes.
1. Descarbonización del sector eléctrico
Biden quiere poner a EE. UU. en el camino hacia un sistema eléctrico libre de carbono para 2035, un objetivo enormemente ambicioso que implicaría una de las revisiones de infraestructura más radicales en la historia de EE. UU.
El plan crea enormes oportunidades: podría significar una expansión siete veces mayor de la capacidad de generación de energía eólica terrestre y solar, junto con un fuerte crecimiento en la energía eólica marina y el almacenamiento de baterías.
Conduciría al surgimiento de una nueva generación de grandes empresas energéticas, con inversiones totales en nueva generación y almacenamiento de energía renovable de más de US$ 2.2 billones.
El plan también enfrenta desafíos abrumadores: La confiabilidad de la red se debilitará con una alta penetración de las energías renovables a menos que las reformas del mercado incentiven el despliegue de suficiente capacidad libre de carbón que permita un equilibrio.
Los requisitos de «Made in America» serán muy difíciles de cumplir. la demanda de módulos solares podría superar los 100 GW al año, pero la capacidad de fabricación de módulos solares en EE. UU. es de solo 4.7 GW al año en 2020.
Si Trump asegura un segundo mandato, es probable que el sector eléctrico de EE. UU. continúe por el camino que ha transitado estos 4 años. Aunque hizo campaña con el compromiso de «traer de vuelta el carbón», y su administración ha tomado medidas para apoyar la industria del carbón, la realidad es que la economía y las políticas estatales desfavorables han significado que la producción ha caido un 30% durante su mandato.
En un segundo mandato, las decisiones del sector privado y los gobiernos estatales significarán un crecimiento continuo de las energías renovables y el retiro de las plantas de carbón.
2. Demanda de combustible y vehículos eléctricos
A corto plazo, una victoria de Biden, si se combina con el control demócrata del Senado, probablemente resulte en un mayor estímulo fiscal para la economía, lo que probablemente se traduzca en un crecimiento económico más fuerte y una mayor demanda de combustible.
A más largo plazo, es probable que el resultado de las elecciones tenga un pequeño efecto en el consumo de combustible de Estados Unidos, pero solo en el margen.
La eficiencia general de la flota de vehículos ligeros de EE. UU. está impulsada más por las preferencias de los consumidores y el progreso tecnológico que por la regulación, y el pronóstico del caso base de Wood Mackenzie es que la economía de combustible de la flota de gasolina de EE. UU. aumente de manera constante de 21.2 millas por galón en 2019 a 28 mpg en 2040, independientemente de las decisiones políticas.
Si el presidente Trump gana un segundo mandato, la continuación de su intento de flexibilizar los estándares de economía de combustible y del desafío legal de la administración a la autonomía de California para establecer sus propias reglas más estrictas, podría proporcionar una pequeña ventaja para la demanda de gasolina de Estados Unidos.
Biden quiere nuevos estándares de ahorro de combustible para garantizar que «el 100% de las nuevas ventas de vehículos ligeros y medianos sean cero emisiones», pero no ha fijado una fecha para lograr ese objetivo, y en al menos una década, la gran mayoría de los automóviles vendidos en los Estados Unidos continuarán usando gasolina.
WoodMac estima que los estándares de economía de combustible más estrictos introducidos por una administración de Biden podrían recortar solo 150,000 barriles por día, aproximadamente un 2%, de la demanda de gasolina.
En 2030, la mayor parte de esta reducción es el resultado del aumento de las ventas de vehículos eléctricos.
Sin embargo, vale la pena señalar que el consumo de gasolina en EE. UU. parece haber alcanzado su pico en 2018 y ha entrado en una disminución a largo plazo que será impulsada por el aumento de la eficiencia y las ventas de vehículos eléctricos, independientemente de la política del gobierno.
Biden se ha comprometido a restaurar el crédito fiscal para vehículos eléctricos, que actualmente es cubierto por las ventas de los fabricantes, y ya se ha reducido para General Motors y Tesla. También se ha fijado el objetivo de desplegar 500.000 nuevos puntos de carga públicos.
Restaurar el crédito fiscal completo daría a los fabricantes de vehículos eléctricos un margen de seguridad en los precios y ayudaría con la adopción a corto plazo.
A largo plazo, los objetivos de economía de combustible de los vehículos son la política que puede tener el mayor impacto en la adopción de vehículos eléctricos. En el pronóstico del caso base de Wood Mackenzie, proyectamos 2,3 millones de vehículos eléctricos en las carreteras de EE. UU. en 2030. Unos estándares de economía de combustible más estrictos podrían aumentar eso en casi un 60%, a 4 millones. Incluso en ese nivel más alto, sin embargo, todavía serían solo alrededor del 1.5% del total de 275 millones de vehículos que esperamos en las carreteras de Estados Unidos para entonces.
3. Petróleo y gas
La campaña de Biden ha dicho que, si es elegido, el primer día de su presidencia incluiría “prohibir el arrendamiento de tierras y aguas federales para petróleo y gas”. Si bien esto podría parecer un paso para limitar estas actividades, su impacto en la producción en tierra sería insignificante.
La mayor parte de la superficie federal en regiones clave productoras de petróleo no convencionales, como Permian y Bakken, ya se ha alquilado. Los arrendamientos federales se llevan a cabo por producción u otras actividades de perforación calificadas, y los operadores cuentan con extensiones automáticas cuando cumplen con esos términos. Cualquier esfuerzo por limitar las actividades de producción o extensiones sería impugnado en los tribunales.
Se esperaría que una administración de Trump continuara el patrón de su primer mandato, con una tasa constante de arrendamiento. Sin embargo, no existe una correlación aparente entre la producción de tierras federales y el área arrendada.
Otra de las acciones del Día 1 de Biden sería ordenar «límites agresivos de contaminación por metano para operaciones de petróleo y gas nuevas y existentes», dice su campaña. El impacto de esas reglas dependería de los límites precisos, pero podría no tener un gran impacto en la producción. Empresas como ExxonMobil han pedido regulaciones de metano en toda la industria.
En alta mar, el impacto de la prohibición de Biden sobre nuevos arrendamientos sería más significativo que en tierra, aunque los efectos tardarían algún tiempo en aparecer. Wood Mackenzie estima que hay casi 25 mil millones de barriles de petróleo equivalente que podrían producirse en el Golfo de México de los EE. UU. y áreas federales en Alaska, incluidos los futuros descubrimientos de la exploración.
Una prohibición de nuevos arrendamientos, si es permanente, conduciría a que más de una cuarta parte de eso, alrededor de 7 mil millones de boe, queden bajo el lecho marino.
Durante un primer mandato de Biden, no habría un impacto perceptible en la producción, pero para 2030 la producción en alta mar de los EE. UU. podría bajar un 7% o alrededor de 160.000 boe / d, en comparación con su nivel si se hubieran otorgado nuevos arrendamientos.
Durante la campaña electoral, Trump extendió hasta 2032 la moratoria sobre las perforaciones en las costas de Florida, Georgia, las Carolinas y Virginia, pero ya se suponía que esas áreas estaban cerradas en los pronósticos de Wood Mackenzie.
La administración Trump también está trabajando para permitir la perforación en parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico en Alaska, pero las operaciones allí enfrentan enormes desafíos legales.
4. Infraestructura de petróleo y gas
Biden ha prometido incluir una mayor consideración de “los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático” en el proceso de permisos federales, creando nuevos riesgos para cualquier proyecto de infraestructura de petróleo y gas que requiera dichas aprobaciones.
Bajo la administración de Biden, aprobar la revisión ambiental bajo la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) y finalmente lograr la aprobación de la FERC sería más difícil para los proyectos de infraestructura interestatales a gran escala, y los costos de desarrollo aumentarían.
Los proyectos petroleros que podrían estar en riesgo por mayores desafíos regulatorios y legales incluyen el Reemplazo de la Línea 3 de Enbridge, Keystone XL y el oleoducto Dakota Access. Los proyectos de gas que incluyen terminales de exportación de GNL también enfrentarían esos obstáculos adicionales.
El primer mandato de Trump ha destacado las dificultades de la inversión en infraestructura en Estados Unidos. Una orden que permitió a Keystone XL proceder fue uno de sus primeros actos en el cargo en 2017. A partir de octubre de 2020, la tubería sigue sin construirse.
5. Impuesto al carbono
Con el control demócrata del Congreso, Biden también podría buscar instituir un impuesto al carbono: su plataforma dice que quiere «una legislación [que] debe exigir a los contaminadores que asuman el costo total de la contaminación de carbono que están emitiendo».
Dependiendo del diseño y la tasa del impuesto, podría tener un mayor impacto en la industria upstream de petróleo y gas, más allá que elevar la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas al 28%.
El efecto variaría ampliamente entre diferentes activos: las aguas profundas del Golfo de México y la Cuenca Pérmica seguirían siendo altamente competitivos a pesar de un impuesto al carbono.
La mayoría de las reservas que quedarían varadas estarían en la costa del Golfo y las regiones de las Montañas Rocosas.
Además de un posible nuevo impuesto al carbono, los demócratas han planteado otras propuestas fiscales que podrían amenazar el valor de los activos en el petróleo en gas. La derogación de las asignaciones de costos de perforación intangibles y otras ventajas fiscales para el petróleo y el gas podría costar a los inversores más de 16.000 millones de dólares.
También se podrían aumentar las tasas de regalías sobre arrendamientos federales. La plataforma de Biden lo compromete a «modificar las regalías para tener en cuenta los costos climáticos», lo que potencialmente erosiona el atractivo fiscal de los EE. UU. hasta el punto en que los capitales se desplacen al exterior.
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