La industria petrolera colombiana, económicamente vital, se enfrenta a grandes vientos en contra con la reciente aprobación de una ley que contempla importantes subidas de impuestos para el sector.
La industria petrolera colombiana se enfrenta a importantes adversidades, en particular el deterioro de la licencia social y el resurgimiento del conflicto civil, sobre todo en las regiones remotas ricas en petróleo, en donde también se cultiva la coca.
El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado previamente planes para poner fin a la contratación de la exploración de hidrocarburos y prohibir la fracturación hidráulica. Además, recientemente promulgó una ley con importantes subidas de impuestos para el sector energético colombiano, que ha puesto en duda la viabilidad comercial de la industria petrolera.
Esto ocurre en un momento crucial para un país, y un sector de los hidrocarburos, que sigue lidiando con las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Se teme que estos acontecimientos desencadenen un fuerte descenso del gasto de la industria, y que algunos perforadores se planteen abandonar el país.
Esto tendrá un fuerte impacto en la economía colombiana, que depende del petróleo, en un momento en el que el gobierno debe aumentar los ingresos fiscales para frenar el creciente déficit presupuestario y ampliar el gasto en programas sociales para combatir el aumento de la pobreza, la delincuencia y la violencia.
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Durante su campaña electoral Gustavo Petro indicó que, de resultar vencedor, al asumir el cargo de presidente de Colombia, aumentaría significativamente la recaudación del Estado de las industrias extractivas. Por ello, su administración presentó una serie de propuestas fiscales que pretendían aumentar los impuestos del sector de los hidrocarburos de Colombia.
El 3 de noviembre de 2022 se aprobó un paquete de reformas fiscales que generará 4.000 millones de dólares anuales adicionales para Bogotá durante los próximos cuatro años. Además del aumento de los impuestos para las rentas altas, se impusieron gravámenes adicionales a las industrias mineras y petroleras de Colombia. Estas dos industrias financiarán aproximadamente la mitad del aumento de los ingresos del gobierno a través de la imposición de impuestos adicionales.
Se ha implantado un recargo fiscal escalable que deben pagar los productores de petróleo cuando el precio internacional de referencia del Brent alcanza determinados niveles.
Cuando el Brent se vende entre 67,30 y 75 dólares por barril, se aplica un gravamen del 5%, que pasa al 10% si el precio de referencia se sitúa entre 75 y 82,20 dólares por barril y al 15% cuando supera el umbral final.
Esto afectará fuertemente a la rentabilidad de las empresas energéticas que operan en Colombia. Muchos perforadores estaban disfrutando de la considerable ganancia inesperada que supuso la subida de los precios del petróleo en el último año, con un aumento del 9% del Brent en ese periodo, después de perseverar durante años con márgenes bajos, incluso con pérdidas, debido a unos precios sustancialmente más bajos y a las interrupciones de la producción.
Aunque los recargos afectarán significativamente a los resultados de los perforadores que operan en Colombia, los umbrales de precios que activan el gravamen están muy por encima del precio medio de equilibrio después de impuestos estimado por la industria petrolera, que es de unos 44 dólares por barril.
Otro cambio costoso en el código fiscal de Colombia para el sector de los hidrocarburos es que las empresas energéticas ya no pueden reclamar las regalías como una deducción del impuesto sobre la renta.
Estos cambios, según la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), el máximo organismo de la industria petrolera colombiana, podrían costar al sector de los hidrocarburos hasta 6 billones de pesos o alrededor de 1,2 billones de dólares anuales. El centro de estudios económicos colombiano Fedesarrollo afirma que estos cambios harán que la tasa impositiva efectiva de las empresas petroleras en Colombia casi se duplique, pasando del 36%, que existía antes de las reformas, a la friolera del 70%.
El nuevo régimen fiscal de Colombia aumentará significativamente la carga financiera de las empresas energéticas que operan en el país latinoamericano, impactando severamente su rentabilidad.
Esto hará que la inversión en el desarrollo de los recursos de hidrocarburos de Colombia caiga en picado. El productor de gas natural terrestre Canacol Energy y los terceros y quintos productores de petróleo de Colombia, Frontera Energy y Gran Tierra Energy, respectivamente, ya están evaluando sus presupuestos para 2023 teniendo en cuenta la carga impositiva sustancialmente mayor. Los analistas esperan que la inversión de la industria en 2023 sea significativamente menor que los poco más de 4.000 millones de dólares realizados durante 2022, que fue uno de los niveles más altos de gasto de la industria durante algunos años.
Vientos en contra para la industria petrolera colombiana
Como parte del impulso para alejar a Colombia de los hidrocarburos, Petro prometió poner fin a la contratación para la exploración de petróleo. Sin embargo, hay indicios de que esto podría no ocurrir, ya que el gobierno señaló, cuando se promulgaron los cambios fiscales, que podría dar marcha atrás en sus planes de poner fin a los nuevos contratos petroleros.
Esto supone un alivio para una industria petrolera que se ve afectada por múltiples vientos en contra y que aún no ha recuperado el ritmo de operaciones anterior a la pandemia.
Uno de los vientos en contra es el aumento de la inseguridad, con conflictos, violencia y delincuencia, especialmente el robo de petróleo, que se ha disparado en los últimos años. Todo ello va de la mano del aumento de la producción de cocaína, que alcanzó otro récord en 2021. Son los enormes beneficios generados por la cocaína, que se cree que ascienden a 12.000 millones de dólares anuales o alrededor del 4% del PIB de Colombia, los que están alimentando el aterrador aumento de la violencia. Muchas de las principales regiones cocaleras de Colombia, como el Catatumbo y los departamentos de Arauca y Putumayo, son ricas en petróleo y contribuyen de forma importante a la producción industrial.
La licencia social de la industria petrolera colombiana sigue desintegrándose. Los bloqueos comunitarios son un problema persistente, al igual que las invasiones a los campos petroleros.
La más reciente fue un asalto a las instalaciones del segundo productor de petróleo de Colombia, Parex Resources, en el departamento de Arauca, a principios de este mes. También hubo un ataque con explosivos contra la sede administrativa de Ismocol, un contratista clave de la empresa petrolera nacional Ecopetrol, en Barrancabermeja a principios de noviembre de 2022.
Estos sucesos pueden impactar fuertemente las operaciones de la industria petrolera, causando la caída de la producción como lo demostraron las protestas a nivel nacional desde abril de 2021 hasta julio de 2021.
Los bloqueos de carreteras clave impidieron a las empresas energéticas acceder a los yacimientos petrolíferos y continuar con las operaciones, lo que provocó que la producción de petróleo de Colombia se desplomara hasta un mínimo de varias décadas de 694.000 barriles diarios durante las protestas de mayo de 2021.
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Las comunidades indígenas de las cuencas de los Llanos y del Putumayo, las principales regiones productoras de Colombia, ven a la industria petrolera con considerable desconfianza, principalmente por el daño ambiental que causan las operaciones de la industria. La resistencia generalizada de las comunidades a la introducción de la fracturación hidráulica en Colombia ha revitalizado la oposición al sector de los hidrocarburos.
Aunque Bogotá está empezando a reconocer el papel que la industria petrolera colombiana puede desempeñar en el aumento de los ingresos fiscales para financiar programas sociales de urgente necesidad y controlar un déficit presupuestario galopante, las recientes subidas de impuestos han puesto su futuro en el punto de mira.
El fuerte aumento de los impuestos y la imposibilidad de reclamar las regalías como deducción han convertido a Colombia en una jurisdicción poco competitiva para las empresas energéticas, especialmente en comparación con muchos de sus vecinos regionales.
Existe un riesgo muy real de que no sólo se desplome la inversión de la industria y que las empresas energéticas internacionales rehúyan de Colombia, sino que los actores existentes opten por salir del país.
Esto tendrá un impacto considerable en una economía en la que el petróleo, según el organismo estadístico del gobierno DANE, fue responsable de algo más de un tercio de las exportaciones en valor durante los primeros nueve meses de 2022 y del 4% del PIB durante ese periodo. Con el petróleo como responsable de alrededor de una quinta parte de los ingresos fiscales anuales en los años anteriores, Bogotá no puede permitirse que la industria disminuya.
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