El presidente Joe Biden anunció el viernes un acuerdo por el que la industria del gas natural licuado de Estados Unidos se compromete a suministrar 15.000 millones de toneladas cúbicas (bct) adicionales de GNL a Europa hasta el resto de 2022. El acuerdo prevé además que el GNL estadounidense aumente ese suministro a Europa hasta 50 bct hasta 2030.
Aunque comprometer a EE.UU. a ayudar a Alemania y a otras naciones europeas a desprenderse del gas natural ruso parece ser un objetivo noble, sólo hay un problema: el Presidente aparentemente no habló con la industria del GNL de EE.UU. al respecto antes de hacer el acuerdo. Al leer las citas de los ejecutivos de Tellurian en el artículo del New York Times enlazado aquí, es evidente que el anuncio del Presidente les pilló desprevenidos.
«No tengo ni idea de cómo lo van a hacer, pero no quiero criticarlos, porque por primera vez están intentando hacer lo correcto», dijo Charif Souki, según cita el Times, presidente ejecutivo de Tellurian.
Como cualquier otra industria en Estados Unidos, el GNL es una empresa privada formada por un conjunto de empresas que compiten entre sí y que operan en un sistema capitalista de libre mercado. Teniendo en cuenta esta realidad, nos preguntamos cómo piensan el Presidente y sus principales asesores garantizar que Estados Unidos cumpla las promesas que hizo en el acuerdo con la Unión Europea. ¿Piensa ordenar a sus reguladores que agilicen los procesos de concesión de permisos? ¿Piensa ordenar de algún modo a los bancos y a los grupos de inversores de ESG que dejen de negar capital a las empresas del sector, capital necesario para financiar sus instalaciones de exportación de GNL de 10.000 millones de dólares?
A falta de invocar los poderes ejecutivos de emergencia, como los que existen en la Ley de Producción de Defensa, ningún presidente estadounidense tiene una autoridad real para ordenar a cualquier industria privada que conforme sus operaciones comerciales para cumplir con una agenda nacional de cualquier tipo. Vimos al presidente Donald Trump invocar la DPA durante la pandemia de COVID-19 de 2020 para ayudar a acelerar la fabricación y distribución de equipos y medicamentos críticos, pero ¿consideraría el presidente Biden tomar medidas similares para ayudar a Europa a resolver su crisis energética autocreada?
Eso parece cuestionable, sobre todo si se tiene en cuenta que muchos de los propios electores del partido demócrata ya han señalado que se oponen a esa medida. Un artículo publicado el sábado en el diario británico The Guardian cita a Kelly Sheehan, directora de campañas energéticas del Sierra Club, que afirma que «deberíamos hacer una transición rápida a la energía limpia y asequible, no duplicar los combustibles fósiles. Reducir la dependencia de los combustibles fósiles es la única manera de dejar de ser vulnerables a los caprichos de las industrias codiciosas y la geopolítica». Eso parece bastante claro e inequívoco.
El grupo Earthjustice también intervino en ese artículo del New York Times. «No hay forma de aumentar las exportaciones de gas natural licuado de Estados Unidos y cumplir los compromisos climáticos imperativos que han asumido Estados Unidos y la Unión Europea», dijo Abigail Dillen, presidenta de Earthjustice.
«Impulsar nuevas instalaciones de exportación tóxicas y décadas más de gas metano es una sentencia de muerte para los que están en primera línea de la emergencia climática, y no resolverá la crisis actual de Europa», dijo Kassie Siegel, directora del Instituto de Derecho Climático del Centro para la Diversidad Biológica, en una declaración escrita citada en un artículo del domingo en Inside Climate News. «Aprobar más terminales de exportación, oleoductos y producción de combustibles fósiles sólo echa leña al fuego de nuestro mundo en llamas».
La Sra. Siegel da con un punto clave: para aumentar drásticamente su capacidad de exportar más GNL a Europa, la industria estadounidense tendría que invertir miles de millones en infraestructuras adicionales de gasoductos y de exportación para mover y manejar los volúmenes añadidos de gas natural.
En los últimos 15 meses, ha quedado bastante claro para la industria que utilizar los procesos de autorización y regulación de la Comisión Federal de Regulación de la Energía (FERC) y otras agencias federales para frenar y detener las infraestructuras de oleoductos y gas es un elemento central de la política energética y medioambiental de Biden.
En 2021, los datos de la EIA citados por Inside Climate News muestran que aproximadamente el 75% de las exportaciones de GNL de EE.UU. se dirigieron mediante contratos a Asia y otros países no europeos.
Si bien es cierto que esa mezcla cambió un poco durante el cuarto trimestre al acelerarse la crisis energética en Europa, la realidad es que, en nuestro sistema de libre empresa, son las relaciones contractuales, no el gobierno federal, las que decidirán hacia dónde fluye el GNL.
Por lo tanto, parece que el Presidente ha asumido un compromiso en nombre de una industria competitiva y capitalista que no tiene autoridad para cumplir en caso de emergencia. Además, el patrón de la administración Biden hasta este punto indicaría que tiene poca voluntad de tomar las medidas políticas que podría tomar para ayudar a facilitar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el acuerdo con la UE. Para colmo de males, parece que la administración no ha llevado a cabo las necesarias actividades de divulgación con los grandes actores de la industria antes de comprometerse en su nombre.
Tal vez todo se resuelva al final, pero este acuerdo en particular parece haber tenido un comienzo poco propicio.
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Noticia tomada de: Forbes / Traducción libre del inglés por World Energy Trade
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