Algunos países latinoamericanos han intensificado sus esfuerzos para controlar la extracción del mineral, algunos tienen serios planes de estatizar su explotación y hasta se habla de crear un cártel al estilo de la OPEP.
Las perspectivas económicas de América Latina no son buenas. Antes de que llegara la pandemia del Covid-19, la región ya estaba perdiendo impulso y los organismos multilaterales y los analistas advertían que los gobiernos tendrían que cambiar sus políticas si querían impulsar el desarrollo.
El litio representa una oportunidad para los países latinoamericanos de dar un giro a las perspectivas de la región. Es un mineral esencial para producir las baterías que permitirán al mundo reducir su dependencia de los combustibles fósiles y migrar a energías renovables más limpias.
Bolivia posee las mayores reservas de litio del mundo. El «triángulo del litio» Bolivia-Argentina-Chile representa el 63% de las reservas del planeta. Perú y México poseen aproximadamente otros tres millones de toneladas. El litio es, para los grandes inversores, la estrella más brillante del mapa latinoamericano.
La transición energética ha llegado en un momento en el que el nacionalismo está en alza en estos países. En los últimos meses se ha intentado poner la producción bajo el control del Estado, una medida que muchos ciudadanos favorecen y muchos otros se oponen por motivos medioambientales.
El litio se llama «oro blanco» por su valor en el mercado y su tonalidad plateada. En inglés se conoce como «white oil», una diferencia sutil pero reveladora.
El precio del litio en el mercado internacional aumentó aproximadamente un 80% en 2021, según un índice de Bloomberg. Hace apenas cuatro años, otro análisis de Bloomberg preveía que en 2040 más de la mitad de las ventas de vehículos en los países desarrollados serían vehículos eléctricos.
Sin embargo, un estudio más reciente de la consultora KPMG, publicado en noviembre del año pasado, recorta esta previsión en 10 años. Según KPMG, el 52% de las ventas de vehículos serán eléctricas en 2030. Más de 1.100 ejecutivos de la industria automovilística de 31 países estimaron que el sector sufrirá una «transformación radical» en los próximos cinco a diez años.
La onda de las nacionalizaciones
Durante años, Chile ha dependido de la inversión privada para extraer y procesar el mineral. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, que deja el cargo el 11 de marzo, anunció el mes pasado la concesión de dos cuotas de producción de 80.000 toneladas de litio cada una a dos empresas, una financiada por capital chino y otra por capital chileno.
El anuncio fue polémico, ya que el presidente electo de izquierdas, Gabriel Boric, ganó las elecciones con un plan para crear una empresa nacional de litio e implementar una «nueva gobernanza» de los salares que contienen las reservas del mineral. Boric también prometió que todas las comunidades de Chile, independientemente de su ubicación, tendrían acceso al agua, un recurso necesario para la minería. Los contratos de Piñera se encuentran ahora en un limbo legal tras ser suspendidos por un tribunal de apelaciones.
En cualquier caso, los días del actual modelo podrían estar contados. El 1 de febrero, Chile dio un primer paso hacia la nacionalización de algunas de las mayores minas de cobre y litio del mundo, al aprobar el Congreso una propuesta para ceder el control al Estado. La votación formaba parte del proceso de redacción de una nueva Constitución. Actualmente, la Constitución prohíbe la nacionalización de estos recursos.
En México, donde las reservas tienen el potencial de superar las estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos de 1,7 millones de toneladas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto algo similar.
Como parte de un proyecto de ley para reformar el sector energético, López Obrador planea nacionalizar el litio y crear una institución estatal para controlar su procesamiento. A diferencia de Chile, la producción de litio en México se ha limitado a un único contrato con una empresa china que, hasta la fecha, no ha extraído ni un solo gramo de carbonato de litio. Los expertos señalan que el gobierno no dispone de recursos para crear una empresa estatal. México se encuentra, por tanto, en otra especie de limbo.
En Perú, el gobierno de Pedro Castillo busca modificar un contrato existente con la empresa canadiense American Lithium Corp para que el mineral se exporte con valor agregado, según declaraciones de un legislador pro-Castillo a medios locales.
En otras palabras, el Estado quiere que las empresas que operan en Perú no se limiten a extraer y refinar el litio para su exportación, sino que también inviertan en fábricas para transformar el litio en un producto con mayor valor de mercado, generando más puestos de trabajo y mejor remunerados.
Argentina es, hasta cierto punto, la excepción. Allí, los derechos de exploración están en manos de las provincias y el gobierno del presidente Alberto Fernández ha tratado de promover las reservas del país en todo el mundo. En 2020, Fernández se propuso aumentar la producción anual de carbonato de litio en un 700%, hasta alcanzar las 230.000 toneladas a finales de este año.
Esto requerirá una inversión de más de 1.000 millones de dólares por parte del sector privado. Durante la visita de Fernández a China a principios de febrero, funcionarios del gobierno revelaron que Argentina está negociando con los chinos el establecimiento de nuevas inversiones, incluyendo planes para crear una fábrica de baterías.
Mientras Argentina avanza, Bolivia parece tomarse su tiempo
En 2019, el presidente Evo Morales anunció que la empresa alemana ACI Systems invertiría casi 1.300 millones de dólares para explotar una gran porción de sus reservas de litio. Apenas unas semanas después, una gran crisis política paralizó las negociaciones y Morales se vio obligado a huir del país.
Mientras Argentina avanza, Bolivia parece tomarse su tiempo. Por el tamaño inigualable de sus reservas, es el país al que más miran los inversores, pero el mineral ya ha generado conflictos.
En julio de 2020, un usuario de Twitter se enfrentó a Elon Musk, afirmando que «EE.UU. organizó un golpe de Estado en Bolivia» sólo para que Musk pudiera tener acceso al litio del país. «¡Golpearemos a quien queramos! Acéptenlo!», respondió el empresario en un tuit que pronto desapareció. El único registro que quedó es capturas de pantalla en informes periodísticos.
La ocurrencia de Musk dio a Morales el argumento perfecto para vincular el control del litio con la desaparición de su administración.
En noviembre de 2020, Luis Arce, un aliado de Morales, llegó a la presidencia de Bolivia y se embarcó en un enfoque diferente. Primero, organizó un evento público, una especie de feria, para atraer a empresas nacionales y extranjeras interesadas en invertir.
Posteriormente, se seleccionaron ocho empresas de EE.UU., China, Rusia y Argentina y se les permitió realizar una prueba piloto de la tecnología de extracción. Se espera que en abril un grupo técnico de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos decida qué empresas deben recibir contratos.
Entre los factores que se tendrán en cuenta están el porcentaje de recuperación del mineral, el impacto ambiental y la protección de la comunidad, explica Diego von Vacano, profesor de la Universidad de Texas A&M en Estados Unidos y asesor informal del gobierno de Luis Arce.
El litio extraído de la salmuera, como es el caso de Bolivia, tiene un menor impacto en el medio ambiente que el litio extraído del sedimento sólido, como es el caso de México. Sin embargo, sigue siendo una minería que afecta al ecosistema. «Bolivia no quiere repetir los errores que se han cometido; por ejemplo, el daño al medio ambiente visto en Chile», dice Von Vacano.
Históricamente, el hemisferio sur ha sido el proveedor de materias primas para la economía mundial, aunque en muchos casos los pueblos de es estas naciones no se han beneficiado de ello. El caso de Bolivia es emblemático porque los orígenes del imperialismo español están en las minas de Potosí. El país ha proporcionado al mundo minerales desde la plata hasta el estaño, así como gas natural y agroexportaciones y ahora la perspectiva del litio.
Tal vez por eso el gobierno de Arce maneja con discreción los avances del programa piloto. Los ingresos estarán sujetos a las fluctuaciones de los precios en los mercados internacionales, por lo que ya se habla en Argentina y Bolivia de crear un cártel del litio similar al de la OPEP, que impone cuotas de producción para evitar que los precios del petróleo se desplomen.
«Estamos trabajando a contrarreloj», dice Von Vacano, que añade que «es urgente impulsar el litio más rápido» porque, de lo contrario, los inversores buscarán colocar su dinero en otros países».
Los ingresos obtenidos con el litio pueden ser invertidos en las comunidades locales, como se hace en Noruega y Qatar, señala Von Vacano. «Esto puede ser muy positivo. Puede ser un modelo de regalías que beneficie no sólo a las regiones de Potosí y Uyuni, sino también al resto del país. Es un dinero que se puede destinar a la educación y a la salud. Puede transformar el país por completo».
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