Al hacer un balance de la administración de Macri en el ámbito portuario en Argentina, se destaca que en los últimos cuatro años, se habilitaron 28 terminales.
Dentro de otros hitos a destacar está también que Puerto Buenos Aires comenzó un proceso de cambio para ser el más moderno de la región, con nueva infraestructura y duplicando su capacidad operativa a 3,3 millones de TEUs, de acuerdo a El Cronista.
Bajo tal objetivo, finalizaron las obras del nuevo acceso ferroviario, el cerramiento y el relleno de la Dársena F (9 hectáreas); el desguace de barcos en Puerto Sur; más el balizamiento y las primeras etapas del Paseo Areneras y de la escollera al norte del sexto espigón (15 hectáreas de relleno). A su vez se lanzó la nueva licitación para las operaciones del Puerto de Buenos Aires, que va a generar más inversiones y competitividad para el país sudamericano.
Otro hito fue la inauguración del Paseo del Bajo, un corredor exclusivo -para tránsito pesado y colectivos de larga distancia- de 7,1 km que une la autopista Illia con la ruta Buenos Aires – La Plata y 25 de Mayo reduciendo el tiempo de viaje de 60 minutos a 12 y mejorando el acceso al terminal.
Mientras, el sector privado acompañó con inversiones – del orden de US$ 1.500 millones entre 2016 y proyectado 2021 en puertos que han sido muy importantes. Actualmente se están construyendo dos de los puertos más modernos del mundo, por parte de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y la Aceitera General Deheza (AGD).
También se desarrollaron en los últimos 4 años, los puertos de Quequén y Bahía Blanca y Rosario a partir de sus consorcios de gestión y entes administradores con obras de dragado y diversificación de las cargas.
Con la ampliación del muelle Comandante Luis Piedrabuena, por primera vez en la historia Puerto Madryn tiene capacidad de atraque simultáneo para dos buques y puede atender embarcaciones de más de 300 metros de eslora.
A su vez se reparó y amplió el muelle Almirante Storni de Puerto Madryn, y finalizaron las obras del Puerto de Comodoro Rivadavia, paralizadas desde 2011. De esa forma, el gobierno saliente terminó con 28 puertos habilitados en cuatro años versus 41 terminales habilitados en 23 años.
Impacto en ahorro
Además, se procedió a la eliminación del sistema de Transporte Argentino Protegido (TAP), un seguro innecesario que generaba un sobrecosto de US$32 millones por año, que benefició a la exportación e importación en los puertos de Buenos Aires, Exolgán y Zárate.
También se terminó con los costos extra para los contenedores high cube, muy utilizados en la industria porque son más grandes que los tradicionales, que pagaban un cargo adicional de US$195 cada uno. Este sobrecosto significó un ahorro para los exportadores de US$15 millones.
Hubo reformulación en la zona de apoyo portuario o pre gate con baja de tarifa en un 40% para importación pasando de US$16,46 a reducir a US$10 y se redujo a 0 la tarifa para tráficos de exportación.
También se derogó una resolución que prohibía que la carga de exportación argentina pueda ser transbordada en Uruguay con impactos negativos en los puertos de Rosario y Zárate, que implicó que más de 190.000 contenedores por año sean transbordados en Brasil.
Un gran logro de esta gestión fue la posibilidad de generar mayor competencia en los servicios de practicaje, con nuevos esquemas de condiciones para ingresar al sistema y de tarifas máximas, con las que se obtuvieron ahorros de hasta el 30%.
De igual manera, se licitó el servicio de estiba de varias terminales que, hasta diciembre de 2015, no tenían competencia, medida gracias a la cual ingresaron cuatro nuevas compañías que generaron ahorros de entre 20% y 40%.
La actualización de una normativa de la Aduana permitió que la carga de cabotaje arribe a su destino con una variación de hasta 4% en su peso siempre que fuera generada por factores externos, sin que ello implique sanciones.
Se añade como otro hito la eliminación de la obligatoriedad del draft survey como el único método para pesar la carga fue clave. Asimismo, se terminaron los sobrecostos de US$2.000 generados por el servicio de lanchas sanitarias que debían inspeccionar los buques.
Asimismo, se modificó la normativa que obligaba a las dragas, que son equipos de importación temporal, a regresar a su país de origen y luego volver a la Argentina cada vez que debían moverse desde un puerto hacia otro para prestar servicios. Un paso adelante gracias al que se consiguió un ahorro de US$300.000 por cada movimiento.
También el trabajo junto al Municipio de Timbúes sirvió para evitar la implementación de una tasa municipal para los convoyes de barcazas que atracan en los amarraderos de su jurisdicción y que significaba un costo adicional aproximado de US$30 millones por año.
Con relación a los cruceros, se redujeron a cero las tasas que se cobraban a los buques de pasajeros: uso de scanner y de seguridad para los buques con eslora mayor o igual a 315 metros a partir de 2018-2019.
Junto a Senasa, se generaron las condiciones para que los cruceros que llegan a Buenos Aires puedan cargar alimentos argentinos en sus bodegas. Hubo digitalización de trámite para la presentación de las planillas de giro de las empresas de cruceros con ampliación del plazo previo a cuatro años en lugar de dos.
Noticia de: Mundo Marítimo
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