Últimamente, una ola de nacionalizaciones y proteccionismo se ha apoderado de Sudamérica, Chile ha mostrado sus planes para nacionalizar el sector del litio del país, mientras que México continúa en el proceso de revertir las reformas encaminadas a abrir los mercados eléctrico y petrolero.
Las acciones de dos de las mayores mineras de litio del mundo, la estadounidense Albemarle y la chilena Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), han caído después de que el Presidente de Chile, Gabriel Boric, revelara sus planes de nacionalizar el sector del litio en un intento de impulsar la economía y proteger la biodiversidad. Chile es el segundo productor mundial del lucrativo metal y posee las mayores reservas.
Según el plan de Boric, el Gobierno negociará con Albemarle y SQM, una mayor participación en sus actuales contratos, y las negociaciones serán supervisadas por el productor estatal de cobre Codelco, empresa encargada de crear un marco para establecer una nueva empresa estatal de litio en el futuro.
Sin embargo, el presidente deberá solicitar la aprobación del Congreso Nacional de Chile, donde carece de mayoría, en el segundo semestre del año en curso, lo que significa que es probable que el plan sufra cambios significativos antes de su aprobación. Boric ha argumentado que las reservas de litio del país representan «una oportunidad de desarrollo económico que probablemente no se repetirá en el corto plazo» y que «es la mejor oportunidad que tenemos para transitar hacia una economía sustentable y desarrollada. No podemos permitirnos desperdiciarla».
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La situación no luce bien para Albemarle y Sociedad Química. Actualmente, las dos empresas dominan el salar de Atacama, que representa el 30% de la producción mundial de litio, y la nacionalización de las compañías incentivaría la renegociación de esos contratos de explotación. Aunque Boric ha dado su palabra de que se respetarán los contratos actuales, no está nada claro cómo piensa Chile lograr ese equilibrio entre los intereses en conflicto.
Si se aprueba, las entidades privadas de la industria del litio podrán participar, pero sólo como socios minoritarios en empresas conjuntas con el Estado. Codelco y su homóloga, la empresa minera estatal chilena Enami, representarían al Estado en futuros proyectos, inicialmente hasta que el país cree una nueva empresa minera de litio independiente.
Chile también ha propuesto incentivar la exploración de otros salares distintos del de Atacama para diversificar las fuentes de litio y ampliar la producción.
El país planea aumentar el número de entidades privadas que producen litio desde las dos actuales. Alrededor del 60% de las reservas mundiales de litio se encuentran en el llamado triángulo del litio, una región que abarca Chile, Argentina y Bolivia.
SQM corre aquí el mayor riesgo, ya que su contrato para extraer litio en el salar chileno de Atacama expira en 2030, y las acciones reflejan esta realidad al haberse desplomado casi un 10% en las últimas cuatro sesiones bursátiles. Según la política propuesta por Chile, tiene dos opciones: permitir que el Estado se haga con una participación mayoritaria, en el entendimiento de que podría seguir operando más tiempo, o mantener el control total de su explotación durante el resto del contrato actual y arriesgarse a perderlo cuando termine. Albemarle está más acostumbrada, y ha dicho a los inversores que el plan de Boric no tiene «ningún impacto material» en sus operaciones, ya que su contrato no vence hasta 2043.
Volviendo al control estatal
La decisión del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de dar marcha atrás en las reformas encaminadas a abrir los mercados eléctrico y petrolero de México a la competencia exterior ha molestado a Estados Unidos, Canadá y Europa y ha desencadenado llamamientos bipartidistas para que Estados Unidos se muestre más duro con su vecino del sur.
En los últimos años, las grandes petroleras estadounidenses, como Chevron Corp. y Marathon Petroleum Corp., junto con una gran cantidad de empresas de energía solar y eólica, han luchado por obtener permisos para operar en México.
Desde que se convirtió en presidente de México en 2018, Obrador ha emprendido varias reformas radicales en los sectores energético y eléctrico del país en su empeño por lograr la esquiva independencia energética.
Hace dos años, anunció un plan bastante controvertido para reducir gradualmente las importaciones de petróleo, revirtiendo un importante plan de reforma consagrado en la Constitución en 2013.
Como parte del plan, Petróleos Mexicanos (Pemex) debía reducir las exportaciones de crudo de más de un millón de barriles diarios a sólo 435.000 barriles diarios en 2023. La medida forma parte de la campaña del presidente López Obrador para reducir las importaciones de costosos productos refinados, como la gasolina y el diésel, y depender más de la producción nacional. «Prácticamente el 100% del crudo mexicano se refinará en nuestro país», dijo el jefe de Pemex, Octavio Romero Oropeza, en la muy anunciada inauguración de una nueva refinería en el estado de Tabasco.
Sin embargo, los elevados precios del petróleo y unas perspectivas económicas inciertas, incluida una inflación elevada, podrían hacer que el gobierno mexicano archive estos planes.
Aunque los ingresos petroleros ya no son tan importantes para la economía mexicana como antes, el economista Víctor Gómez ha dicho a Efe que es «improbable que el Gobierno mexicano pueda dejar de depender de la exportación de petróleo como fuente de fondos». Gómez es un ex funcionario de la Secretaría de Hacienda que ahora trabaja en el sector privado.
Según Gómez, las ganancias inesperadas de las ventas de petróleo «son una nota positiva» para las cuentas públicas. Sin embargo, gran parte de los beneficios del petróleo se han destinado a cubrir los casi 21.000 millones de dólares en impuestos no recaudados después de que el gobierno mexicano suspendiera los impuestos sobre los combustibles al por menor.
Pero el petróleo es sólo una de las materias primas energéticas que Obrador ha tratado de asegurar. En otro acto de proteccionismo, intentó reformar el sector eléctrico de forma que garantizara al grupo eléctrico estatal CFE el 54% del mercado.
La propuesta pretendía transformar el panorama regulatorio del sector eléctrico, incluyendo la cancelación de los permisos de generación de energía y la priorización de la energía de la CFE sobre las renovables privadas en la red nacional. Sin embargo, el proyecto fue derrotado en el Congreso de México.
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La nacionalización del litio no escapa de México
Obrador también sigue adelante con sus planes de nacionalizar el sector del litio del país tras nacionalizar los yacimientos de este mineral el pasado mes de abril, afirmando: «Habrá una empresa que lo explore, lo extraiga y lo comercialice». En febrero, firmó un decreto por el que transfería la responsabilidad de las reservas de litio al Ministerio de Energía.
Sin embargo, varios expertos han advertido de que la independencia energética con la que sueña Obrador podría no ser una muy buena idea. De hecho, un grupo de analistas ha señalado que la autosuficiencia no sería buena para México, e incluso se muestran escépticos sobre si tal objetivo es económicamente viable.
La economía mexicana es bastante intensiva en energía y requiere grandes cantidades de petróleo, líquidos y gas natural. A su vez, el aumento del consumo de gas natural ha llevado a la necesidad de más infraestructuras, incluidos nuevos gasoductos para importar gas natural estadounidense.
La economía de México muestra dos caras. Por un lado, el país presume de un producto interior bruto (PIB) de un billón de dólares, uno de los más altos para una nación en desarrollo. Sin embargo, esta economía relativamente grande se ve ensombrecida por el hecho de que el 44% de su población vive por debajo del umbral de la pobreza, y el país es el tercero con mayor desigualdad de ingresos de los 39 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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