Si los demócratas actúan, los neoyorquinos empezarán a tener el gobierno que se merecen. Con los cataclismos climáticos aquí, el sistema político no puede permitirse más retrasos
Ha sido, para los progresistas de Nueva York, un año difícil.
Las principales leyes que debían reformar el estado para proteger a la clase trabajadora se han estancado. Un proyecto de ley para crear un sistema sanitario estatal de pagador único no está más cerca de ser aprobado que hace varios años. Una iniciativa para garantizar nuevas protecciones a los inquilinos mientras los alquileres se disparan en la ciudad de Nueva York no ha encontrado los votos necesarios. Y una ambiciosa legislación para combatir el clima que sí contaba con los votos necesarios para pasar por la legislatura estatal fue detenida por el presidente de la asamblea estatal.
A diferencia de lo que ocurre en Washington, los demócratas de Nueva York no tienen más culpa que la suya propia. El partido tiene supermayoría en ambas cámaras, el Senado y la Asamblea del Estado. Los progresistas han aumentado su influencia en cada una de ellas. Un puñado de socialistas también ocupan escaños.
El problema es que las fuerzas institucionales -las alineadas con las industrias inmobiliaria y de combustibles fósiles, en particular- también tienen mucha influencia. La izquierda es más fuerte, en número, de lo que nunca ha sido, pero los agentes de poder del estado son centristas o los más reacios a desafiar las estructuras de poder arraigadas. Esto también es cierto en otros estados gobernados por los demócratas, pero ha sido aleccionador en Nueva York, donde los progresistas han alimentado tantas esperanzas de cambio.
La izquierda, por supuesto, ha llegado mucho más lejos en Nueva York en los últimos años que en las décadas anteriores. En 2019, los demócratas tomaron el control del senado estatal e inmediatamente aprobaron un gran número de proyectos de ley que habían estado embotellados durante años.
La legislación para ayudar a los inquilinos, reducir el uso de la fianza en efectivo y proteger los derechos de voto y la salud de las mujeres, todo ello fue fácilmente aprobado por el cuerpo y se convirtió en ley. En 2020, la pandemia golpeó y la ambiciosa legislación quedó en suspenso. La sesión de 2021 fue más de lo mismo.
Este año ofreció esperanza. La Ley de Construcción de Energías Renovables Públicas, o BPRA, obligaría al proveedor de energía pública del estado, la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA), a generar toda su electricidad a partir de energías limpias para 2030 y a establecer un proceso mediante el cual pueda construir y poseer energías renovables mientras cierra las infraestructuras contaminantes. El propio estado podría construir energía eólica y solar. Con su alta calificación de bonos, la NYPA podría financiar fácilmente los proyectos. La aprobación del proyecto de ley tendría profundas implicaciones nacionales. Nueva York sería un líder en la lucha contra la crisis climática e inspiraría a otros estados con gobernadores demócratas a seguir su ejemplo. Con la posibilidad de que los republicanos vuelvan a ocupar el Congreso, la acción a nivel estatal es crucial.
Los productores independientes de energía, que se oponen ferozmente a la BPRA, construyen actualmente nuevas infraestructuras de generación de energía más allá de la NYPA. Las asociaciones comerciales de la industria solar lucharon duramente contra el proyecto de ley. Han logrado avances en la legislatura.
A su vez, ocurrió algo extraño: la BPRA acumuló los votos para ser aprobada por la asamblea estatal -ya había sido aprobada por el senado-, pero nunca se sometió a votación antes de que terminara la sesión legislativa a principios de junio. El presidente de la cámara, Carl Heastie, alegó que los votos no existían porque, al parecer, los más de 80 legisladores que apoyaban el proyecto no le informaron personalmente de que votarían en ese sentido.
Sin embargo, los defensores y partidarios estaban seguros de que tenían los votos. A primera vista, parecería que Heastie tenía razón, ya que es teóricamente cierto que el presidente de la Cámara no puede saber quién votará a favor de qué si no se le han comunicado las intenciones de cada legislador.
Pero no es así como funciona realmente la elaboración de leyes en Albany, la capital del Estado. Hay cientos de proyectos de ley y el presidente no puede escuchar personalmente a todos los legisladores antes de que uno se someta a votación. La mayoría de los demócratas votan por reflejo con el presidente, a menos que el proyecto de ley cuente con un grupo organizado en sus distritos que se oponga a él. No hay una protesta popular contra la BPRA. La mayoría de los neoyorquinos no saben lo que es.
¿Por qué Heastie afirma que no hay votos? Algunos demócratas moderados se resisten a aprobar cualquier proyecto de ley de gran alcance en un año electoral. Los sindicatos se han opuesto a versiones anteriores del proyecto de ley, pero la AFL-CIO de Nueva York ha acordado mantenerse neutral esta vez. Es posible que la gobernadora Kathy Hochul tampoco apoye la BPRA, pero sería difícil que no firmara el proyecto de ley si llegara a su mesa, sobre todo si el amplio movimiento ecologista y la infraestructura progresista de Nueva York se movilizan a favor de ella.
La buena noticia es que la legislación puede no estar muerta para 2022. Aunque los legisladores se marchan de Albany en junio y no suelen volver a reunirse hasta el año nuevo para aprobar proyectos de ley, Heastie solicitó a los presidentes de los comités de energía, corporaciones y conservación del medio ambiente de la asamblea que convocaran una audiencia el 28 de julio. Una audiencia podría significar una sesión especial, una oportunidad para que la BPRA llegue a la mesa de Hochul antes de 2023.
Si los demócratas de Albany actúan como deben, los neoyorquinos empezarán a tener el gobierno que se merecen. Con los cataclismos climáticos presentes, el sistema político no puede permitirse más retrasos.
Noticia tomada de: The Guardian / Traducción libre del inglés por World Energy Trade
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