El Gobierno argentino aprobó el martes un proyecto minero de litio de 2.500 millones de dólares del gigante anglo-australiano Rio Tinto, que constituye el primer proyecto minero acogido a un nuevo régimen de incentivos a la inversión.
La aprobación del proyecto Rincón, de Rio Tinto, situado en la norteña provincia de Salta, bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) fue anunciada por el secretario de Coordinación de Minería y Energía del país, Daniel González, en una conferencia celebrada en la capital, Buenos Aires.
El sector minero argentino ha expresado su preocupación por los retrasos en la aprobación de siete proyectos presentados al Gobierno desde que se puso en marcha el programa RIGI hace nueve meses.
“Estamos agradecidos porque había una fuerte inquietud por lo que estaba pasando con el RIGI en minería”, dijo en la conferencia el presidente de la cámara minera argentina CAEM, Roberto Cacciola. “Esta fue una noticia importante”.
El Gobierno del presidente Javier Milei busca impulsar el sector minero del país para ingresar las tan necesarias divisas y mantener la estabilidad económica, ya que el país se enfrenta altos niveles de inflación.
Argentina exportó 4.800 millones de dólares en minerales el año pasado, en su mayor parte oro, seguido de envíos de plata y litio.
Argentina es el cuarto proveedor mundial de litio y, junto con Chile y Bolivia, forman el llamado triángulo del litio, que posee las mayores reservas del mundo del metal blanco utilizado en electrónica, vehículos eléctricos y otras tecnologías clave.
La nación sudamericana también exporta oro y plata y tiene importantes proyectos de cobre en cartera, aunque ninguno está produciendo actualmente.
Otras empresas que han solicitado proyectos mineros en el marco del programa RIGI son la china Ganfeng, la canadiense McEwen Copper y la surcoreana Posco.
Cinco de los proyectos son de litio, mientras que los dos restantes son de oro y cobre, respectivamente. Sin embargo, hasta el martes sólo se había aprobado el proyecto de Río Tinto, a pesar de que la norma establece que la decisión debe tomarse en un plazo máximo de 45 días laborables.
Fuentes del sector dijeron que probablemente el Gobierno no pretendía causar retrasos, pero se enfrentaba a complejos procesos de aprobación en los que participaban varios departamentos estatales y algunas empresas podrían haberse apresurado a presentar su solicitud en una fase demasiado temprana para cumplir los criterios.
El marco del RIGI pretende ofrecer beneficios fiscales y aduaneros, acceso a arbitraje internacional en caso de disputas y planes de estabilidad a largo plazo.
