Repsol, como la italiana Eni o la estadounidense Global Oil Terminals, dispone de dos meses, hasta finales del próximo mayo, para liquidar sus operaciones en Venezuela después de que el Gobierno de EEUU haya revocado los permisos de estas compañías para exportar crudo y derivados del país latinoamericano.
Pero el CEO de la principal petrolera española, Josu Jon Imaz, ya ha avanzado que verán si son «capaces de buscar mecanismos» para continuar operando allí, donde llegaron hace tres décadas y sostienen una parte de su sistema eléctrico gracias a la producción de gas natural, que concentra el 85 % del negocio de Repsol en Venezuela.
No obstante, como ha admitido el propio Imaz, la actividad «nunca ha sido fácil».
Desde 2017, durante la primera presidencia de Donald Trump, EEUU aplicó sanciones contra Venezuela como el veto de acceso al sistema financiero estadounidense, la congelación de cuentas bancarias y otros activos del Ejecutivo de Nicolás Maduro y el bloqueo de las importaciones de hidrocarburos de PDVSA, la petrolera estatal.
La Administración de Joe Biden flexibilizó después esta postura, un cambio de rumbo del que sacó partido Repsol.
Alta incertidumbre
En el informe de auditoría de las últimas cuentas de Repsol ya se reconocía que el cambio en la presidencia de EEUU, con el regreso de Trump, había generado un «alto nivel de incertidumbre en relación a la política exterior que se pueda poner en marcha respecto a Venezuela».
De acuerdo con el informe financiero de 2024, la exposición patrimonial del grupo —valor en el balance de situación de los activos netos consolidados expuestos a los riesgos de los países— en Venezuela a cierre del pasado diciembre ascendía a 504 millones de euros.
Esta cifra dobla, prácticamente, los niveles del ejercicio anterior (259 millones de euros). El importe incluye, de manera principal, la financiación en dólares otorgada al negocio conjunto Petroquiriquire; la inversión en Cardón IV, y los créditos comerciales a cobrar frente a PDVSA.
Repsol se encuentra en el país desde 1993, con participaciones en entidades licenciatarias de gas, como Cardón IV, y en empresas mixtas de crudo, como Petroquiriquire.
La actividad de Repsol en 2024
En diciembre de 2023, Repsol y PDVSA firmaron un nuevo acuerdo de gestión para Petroquiriquire. Lo hicieron ante la relajación de las sanciones por parte del Ejecutivo de EEUU a Venezuela después de que el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición acordaran la supervisión internacional de sus elecciones.
La noticia fue bien acogida por la compañía que preside Antonio Brufau, ya que este alivio proporcionaba oportunidades futuras de desarrollo de mayor actividad y creación de valor en el país.
El objetivo del acuerdo con PDVSA pasaba por aumentar la producción (en los campos Mene Grande, Barúa Motatán y Quiriquire) y facilitar la recuperación de la deuda ligada a estos activos, sin necesidad de inversiones adicionales por parte de Repsol.
Meses después, EEUU determinó que Maduro no cumplió plenamente los compromisos asumidos, lo que motivó el fin de la vigencia de la Licencia GL44, que hasta el pasado 18 de abril autorizaba transacciones relacionadas con el sector del petróleo o gas en Venezuela.
Con todo, semanas más tarde, Repsol consiguió hacerse con una licencia específica de la Oficina de Control de Activos Extranjeros estadounidense, que permitió al grupo continuar con sus operaciones en el país latinoamericano en un marco de seguridad y estabilidad para el desarrollo de sus planes de negocio.
Durante el periodo, la energética alcanzó otro acuerdo con PDVSA por el que Petroquiriquire adquirió dos nuevos campos petrolíferos en compensación de la deuda comercial histórica por venta de crudo.
Asimismo, ambas sociedades pactaron realizar las gestiones pertinentes para extender el plazo de la licencia de los campos de Petroquiriquire hasta 2046.
En 2024, la producción neta media de Repsol en Venezuela ha alcanzado los 67.000 barriles equivalentes de petróleo/día, frente a los 62.000 barriles de un año antes.
Con información de El Periódico de la Energía.
