La industria petrolera de Colombia se encuentra en una encrucijada. El presidente Gustavo Petro, quien asumió el cargo en agosto de 2022, ha prometido poner fin a la exploración petrolera en el país. Esta decisión podría obligar a Colombia a importar petróleo en 2028, afectando seriamente la economía y la estabilidad del país.
La golpeada industria petrolera colombiana aun lucha por recuperarse de la pandemia de COVID-19 de 2020, con un ritmo de operaciones y producción inferior al de 2019.
La victoria electoral del ex senador Gustavo Petro, que le convirtió en el primer presidente de izquierda de Colombia, arrojó una nube de incertidumbre sobre el futuro del sector de los hidrocarburos.
Como parte de la transición de Colombia hacia formas más limpias de energía renovable, Petro planea poner fin a la contratación para la exploración de hidrocarburos en el país y prohibir la fracturación hidráulica.
Esto amenazará la seguridad energética y el bienestar económico del país debido a la dependencia de los combustibles fósiles para las exportaciones y los ingresos del gobierno.
Incluso después de dos años, la industria petrolera colombiana ha sido incapaz de volver al ritmo de operaciones anterior a la pandemia. En mayo de 2023, el país dependiente del petróleo despachó una media de 773.789 barriles diarios, un 1% menos que un mes antes, pero un 3,6% más en términos interanuales.
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A pesar de ese sólido crecimiento interanual, el volumen de producción de mayo de 2023 siguió siendo significativamente inferior, en un 13,5%, a los 894.519 barriles diarios bombeados durante el mismo mes de 2019, lo que indica que la producción no ha vuelto a los volúmenes anteriores a la pandemia.
La producción de gas natural tampoco se ha recuperado todavía, lo que está creando una considerable consternación en un país que ya se enfrenta a la escasez y a una posible crisis del gas natural.
En julio de 2023, la producción de gas natural de 1.100 millones de pies cúbicos diarios, aunque casi un 4% superior a la del mes anterior, fue un 4% inferior a la del mismo periodo de 2023 e inferior a la de 2019.
En Colombia se espera una caída en la exploración
Hay una serie de razones para esto, la clave es una fuerte caída de la inversión en el sector energético de Colombia.
La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) señaló a principios de este año que la inversión de las petroleras privadas en exploración se desplomará 33% interanual, hasta 700 millones de dólares.
La decisión de Ecopetrol de aumentar sustancialmente el gasto en operaciones de exploración y producción en Colombia durante 2023 compensará la importante reducción del gasto en actividades de exploración por parte de los perforadores privados.
Por ello, la inversión total anual en exploración de hidrocarburos en Colombia durante 2023 sólo disminuirá un 4%, hasta 1.240 millones de dólares.
La ACP prevé que la inversión en 2023 en el sector energético colombiano supere ligeramente los 5.000 millones de dólares, de los cuales 3.810 millones, o el 75% del gasto total de capital, se destinarán a actividades de producción y desarrollo, lo que representa un aumento del 6% interanual.
La decisión de las petroleras privadas de recortar significativamente el gasto de capital durante 2023 puede atribuirse a que Petro aumentó los impuestos a la industria durante noviembre de 2022 y a sus planes de dejar de adjudicar nuevos contratos para la exploración petrolera.
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Estas estrategias constituyen un elemento clave del plan de Petro para desligar a Colombia de su dependencia de los combustibles fósiles, ya que el petróleo representó el 29% del valor de las exportaciones colombianas durante el primer semestre de 2023, y acelerar la transición del país hacia fuentes de energía renovables.
Desde finales de la década de 1990, el petróleo ha sido un motor económico crucial para Colombia, llegando a convertirse en la mayor exportación legal por valor y en una importante fuente de ingresos para el Gobierno.
El aumento de la inseguridad, las frecuentes protestas contra la industria petrolera, el deterioro de la licencia social y la elevada incertidumbre geopolítica están pesando sobre el sector de los hidrocarburos de Colombia.
El impacto negativo de estos acontecimientos se ve magnificado por los escándalos que salpican a la administración de Petro e incluso al propio presidente, con su hijo Nicolás Petro detenido y acusado de blanqueo de dinero. En julio de 2023, las acusaciones de conducta inapropiada se cobraron la cabeza de la ministra de Energía de Petro, Irene Vélez.
Estas supuestas irregularidades hacen casi imposible que el presidente consiga el apoyo necesario en el Congreso para aplicar las reformas que ha propuesto, incluido el fin de la exploración de hidrocarburos, lo que paraliza la agenda activista de Petro.
Estos acontecimientos no sólo están impidiendo que la producción de petróleo vuelva a los niveles anteriores a la pandemia, sino que son responsables de una disminución de la vital actividad de perforación.
A pesar de que la ACP predijo que se perforarían entre 55 y 60 pozos exploratorios este año, los datos de la Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH) muestran que sólo se completaron 28 pozos exploratorios durante los primeros cinco meses de 2023.
Los datos, hasta el momento, indican que durante 2023 se completará un número sustancialmente menor de pozos de exploración en comparación con 2022, cuando se perforaron 68.
El último recuento internacional de equipos de perforación de Baker Hughes indica que la actividad de perforación está en declive. En julio de 2023, sólo había 24 equipos de perforación activos en Colombia, frente a los 35 de finales de diciembre de 2022 y los 33 del mismo mes del año anterior.
La disminución de la inversión y la actividad de perforación pesará sobre la producción de hidrocarburos de Colombia, y ya se está sintiendo, ya que los datos de producción muestran que la producción actual es inferior a la reportada para 2019.
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Esto pone de relieve los considerables riesgos que plantea el plan de Petro de poner fin a la exploración de hidrocarburos en un país que depende económicamente de las exportaciones de petróleo y que posee reservas probadas limitadas, sin grandes descubrimientos de petróleo en más de una década.
Se teme que la política del presidente ponga en peligro la seguridad energética de Colombia, especialmente ante la inminente escasez de gas natural. Al poner fin a la exploración de petróleo, la ACP cree que será necesario aumentar sustancialmente las importaciones de gas natural y que Colombia, que es un exportador neto de petróleo, se verá obligada a empezar a importar petróleo a partir de 2028.
Esto ejercerá una presión considerable sobre un país fiscalmente débil, donde el petróleo es responsable de hasta una quinta parte de los ingresos del gobierno.
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