Poco después de convertirse en el presidente número 46 de los Estados Unidos, Joe Biden realizó intervenciones clave para revertir acciones que había tomado la administración Trump. Estas decisiones conducirán a un cambio de rumbo en la industria petrolera del país.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, perdió poco tiempo en tomar medidas para deshacer algunas de las acciones emblemáticas de su predecesor, especialmente para la industria petrolera, un bloqueo en el desarrollo del oleoducto Keystone XL y la prohibición de nuevas ventas de arrendamiento en el
Refugio Nacional de Vida Silvestre Ártico de Alaska.
Apenas unas horas después de la ceremonia de inauguración ayer en Capitol Hill, el nuevo presidente emitió una serie de órdenes ejecutivas que revirtieron las políticas distintivas de la administración Trump, que buscaban impulsar proyectos petroleros en interés de la independencia energética de Estados Unidos.
Reincorporación al Acuerdo de Paris
Entre las primeras acciones estuvo el restablecimiento de los Estados Unidos como participante en el Acuerdo de París sobre el cambio climático, una medida que fue muy bien recibida por los líderes mundiales y la industria.
El Instituto Estadounidense del Petróleo (API), una voz influyente para los intereses del petróleo y el gas en los EE. UU., dijo que comparte «el objetivo de liderazgo del presidente Biden para abordar el cambio climático» y «respaldará las ambiciones del Acuerdo de París» y la acción global para reducir Emisiones de gases de efecto invernadero.
Se cancela el desarrollo del oleoducto Keystone XL
Un tema más delicado fue el retiro de un permiso, otorgado por el ex presidente Trump en 2019, para el desarrollo del oleoducto Keystone XL, que une las arenas petrolíferas canadienses con las refinerías de la costa del Golfo de EE. UU.
En 2015, el entonces presidente Barack Obama bloqueó el proyecto de infraestructura por motivos ambientales, pero la administración Trump restableció la empresa diciendo que promovería los intereses de la independencia energética de Estados Unidos al reducir la necesidad de importaciones desde fuera de América del Norte.
En su orden ejecutiva revocando este permiso, el presidente Biden dijo que el análisis realizado en 2015 concluyó que «la importancia del gasoducto propuesto para nuestra seguridad energética y economía es limitada» y «socavaría el liderazgo climático de Estados Unidos» al disminuir su credibilidad, ya que instó a otros países a actuar sobre el cambio climático.
El ducto de casi 2.000 km de longitud se habría extendido desde los campos petroleros en Alberta, Canadá, hasta un punto de conexión en Nebraska, EE. UU., donde se uniría a una red de ductos que abastece a las refinerías estadounidenses en la región de la costa del Golfo.
El proyecto de US$ 8 mil millones tenía como objetivo transportar alrededor de 830.000 barriles de petróleo crudo por día, y su construcción, respaldada por el gobierno canadiense junto con el propietario y operador TC Energy, fue anunciada como una fuente importante de ingresos y creación de empleos.
TC Energy dijo que estaba decepcionada con la decisión y agregó que ahora suspenderá el proyecto y considerará sus opciones.
Se pone a prueba las relaciones con Canadá
Altos funcionarios canadienses, incluidos el primer ministro de Alberta, Jason Kenney, y el primer ministro, Justin Trudeau, han expresado su preocupación por la cancelación del proyecto Keystone XL.
Kenney dijo en un comunicado: Como amigos y aliados de Estados Unidos, estamos profundamente consternados de que una de las primeras acciones del presidente Biden en el cargo haya sido rescindir el permiso presidencial para el cruce fronterizo del oleoducto Keystone XL.
Kenney dijo que se tomó una decisión sin darle a Canadá la oportunidad de comunicarse formalmente con la nueva administración. No es así como se trata a un amigo y aliado.
El primer ministro de Alberta pidió al presidente Trudeau que se acercara a su homólogo estadounidense sobre la decisión. «Si no se llega a un acuerdo con el gobierno estadounidense, pedimos al gobierno de Canadá que responda con las consecuencias de este ataque a la industria más grande de Canadá», agregó.
El primer ministro Trudeau emitió su propia declaración sobre el tema, diciendo que se habían hecho intentos después de las elecciones estadounidenses de «defender» el oleoducto ante funcionarios de alto nivel de la nueva administración.
Trudeau añadió que, si bien acogemos con satisfacción el compromiso del presidente de luchar contra el cambio climático, estamos decepcionados, pero reconocemos la decisión de cumplir su promesa de campaña electoral sobre Keystone XL.
Los arrendamientos para explotación petrolera en refugio de Alaska
Otro cambio de política notable se produjo con una prohibición temporal de las nuevas ventas de arrendamiento de petróleo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico en el noreste de Alaska (Arctic National Wildlife Refuge – ANWR).
En su orden ejecutiva, el presidente Biden ordenó al Departamento del Interior que “coloque una moratoria temporal sobre todas las actividades del gobierno federal” relacionadas con el proceso de arrendamiento, solicitando una revisión del esquema y un “nuevo análisis integral” de su impacto ambiental.
El presidente Trump había tenido éxito donde muchos otros antes habían fracasado para abrir las tierras federales protegidas a la perforación de petróleo y gas, gracias a una disposición para un proceso de subasta aprobada en una ley tributaria de 2017.
El ex presidente aceleró este proceso de venta durante sus últimos meses en el cargo, supervisando la primera venta de parcelas de perforación en la región a principios de este mes, una medida anunciada por la Oficina Federal de Administración de Tierras como «un paso distintivo y una clara indicación de que Alaska sigue siendo importante para satisfacer las necesidades energéticas de la nación.
Si bien brindar acceso a la industria al ANWR, donde las estimaciones de hace décadas sugieren que hay casi 12 mil millones de barriles de reservas de crudo recuperables, fue un logro histórico de la presidencia de Trump, la subasta en sí demostró que iba en contra de la protección medioambiental.
Solo se recaudaron US$ 14,4 millones mediante una venta de la que los principales productores optaron por mantenerse alejados en medio de las limitaciones financieras provocadas por la pandemia y los posibles problemas de reputación asociados con la perforación en la región.
Se recibieron un total de 13 ofertas elegibles, 11 de las cuales provinieron de la Autoridad de Exportación y Desarrollo Industrial de Alaska (AIDEA), una organización del gobierno estatal que hizo las ofertas con miras a posibles asociaciones industriales en algún momento en el futuro.
El 19 de enero, la Oficina de Administración de Tierras de EE. UU. emitió contratos de arrendamiento por 10 años para nueve de las 11 licitaciones exitosas.
Adam Kolton, director ejecutivo de la Alaska Wilderness League, que forma parte de una coalición de grupos de defensa que se han opuesto legalmente a la venta del arrendamiento, dijo: «Las tierras y aguas silvestres de Alaska estaban con demasiada frecuencia en el blanco de una agenda anti conservacionista. Estamos encantados de que la administración entrante de Biden haya colocado las tierras públicas de Alaska entre sus principales prioridades de conservación. Esperamos trabajar juntos para realizar el importante potencial de Alaska para proteger los recursos de Estados Unidos a nivel del paisaje, una estrategia clave para salvaguardar la biodiversidad vital y abordar la crisis climática».
Los estándares de emisiones de la industria del petróleo y el gas Joe Biden intervino tambien para revertir los retrocesos regulatorios de la administración Trump relacionados con los estándares de eficiencia de combustible de los vehículos y las emisiones de metano en la industria del petróleo y el gas.
La flexibilización de las normas sobre emisiones industriales y de transporte fue muy controvertida y atrajo la oposición legal de los grupos de campañas ambientales.
La más reciente de estas acciones de desregulación se produjo en agosto pasado, cuando la Agencia de Protección Ambiental (EPA) finalizó las reglas que liberan a las compañías de petróleo y gas del requisito de monitorear y controlar de cerca las emisiones de metano en las instalaciones de producción y procesamiento.
Los operadores de transmisión y almacenamiento también fueron liberados de los controles regulatorios específicos del metano, así como de los estándares más amplios de calidad del aire que rigen la liberación de compuestos orgánicos volátiles (COV) a la atmósfera.
Joe Biden ahora ha ordenado a la EPA que proponga nuevas regulaciones de la industria que establezcan estándares sólidos para «emisiones de metano y compuestos orgánicos volátiles de operaciones existentes en el sector de petróleo y gas, incluidos los segmentos de exploración y producción, transmisión, procesamiento y almacenamiento».
Su orden estipula que esto ocurra en septiembre de 2021. La API dijo que «trabajará en estrecha colaboración con la administración de Biden mientras realiza revisiones regulatorias que pueden afectar nuestra industria».
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